Cruceros a Malvinas: La Justicia ordena eliminar referencias al Reino Unido en publicidades

La sentencia establece que las publicidades que vinculan Malvinas al Reino Unido son ilícitas y afectan la dignidad colectiva del pueblo argentino. Un precedente clave: La Justicia combina la defensa del consumidor con el reclamo soberano sobre las Islas

05/02/2025 - El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N°27 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a cargo del juez Guillermo Patricio Canepa, resolvió una acción judicial que obliga a una agencia de viajes a modificar sus publicidades relacionadas con cruceros hacia las Islas Malvinas. La empresa deberá rectificar sus anuncios para indicar que el destino es parte de la República Argentina, eliminando cualquier referencia al Reino Unido.

El caso surgió tras una denuncia por publicidad ilícita presentada por los abogados Facundo J. Roitman y Melisa E. Guevara contra la empresa Cruiseline S.R.L., que promocionaba viajes en crucero hacia las Islas Malvinas como si estas pertenecieran al Reino Unido. Los letrados argumentaron que dichas publicidades no solo inducen a error a los consumidores, sino que también lesionan la dignidad colectiva del pueblo argentino al deshonrar el reclamo soberano sobre el archipiélago.

Publicidad engañosa y daño a la soberanía
En su fallo, el juez Canepa destacó que las publicaciones cuestionadas infringen normativas de defensa del consumidor al incluir información errónea sobre la situación jurídica y geográfica de las Islas Malvinas. Según el magistrado, “las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio argentino e integran la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

Además, señaló que, pese a la ocupación colonial británica, la Nación Argentina mantiene un reclamo legítimo e imprescriptible sobre estos territorios, tal como lo establece la Constitución Nacional. Por ello, consideró que las publicidades que presentan a las islas como parte del Reino Unido son ilícitas, ya que contradicen principios constitucionales y afectan los valores nacionales.

El juez también rechazó los argumentos de la empresa, que alegó ser simplemente intermediaria en la difusión de los mensajes publicitarios. Para Canepa, esta justificación carece de validez, dado que la empresa participa directamente en la comercialización de los viajes a través de sus plataformas digitales.

Impacto en los consumidores
El fallo subraya que las publicidades en cuestión son engañosas, ya que omiten información clave y generan confusión entre los consumidores. Por ejemplo, no se aclara que los destinos turísticos pertenecen a la República Argentina ni se especifica la ubicación geográfica real de los lugares visitados. Además, algunas imágenes utilizadas en las campañas corresponden a ciudades que ni siquiera están incluidas en el itinerario del crucero.

Ante esta situación, el magistrado ordenó a Cruiseline S.R.L. que, dentro de un plazo de cinco días, elimine todos los aspectos ilícitos de sus anuncios y rectifique cualquier contenido que contravenga la legislación argentina. Asimismo, dispuso que, en futuras publicaciones, se indique claramente que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son parte del territorio argentino.

Un fallo en defensa de la soberanía
El caso refleja la importancia de proteger tanto los derechos de los consumidores como los intereses nacionales. Según el juez Canepa, las publicidades no solo inducen a error, sino que también atentan contra la dignidad colectiva del pueblo argentino, que históricamente ha luchado por la soberanía de las islas.

Este fallo sienta un precedente significativo al reafirmar que la promoción de servicios turísticos debe respetar no solo las normativas consumeriles, sino también los principios fundamentales de la soberanía nacional. Al obligar a la empresa a ajustar sus prácticas publicitarias, la Justicia busca garantizar que los mensajes transmitidos sean claros, precisos y acordes con la realidad jurídica y geográfica de los destinos ofrecidos.

Con esta decisión, se envía un mensaje contundente: la defensa de los derechos de los consumidores y la soberanía nacional deben ir de la mano.

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